CARTA ABIERTA A LA XLVII ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA): “FORTALECIENDO EL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN PARA LA PROSPERIDAD”

Cancún-Méjico, junio 19 al 21 del 2017.- Como organizaciones de la sociedad civil, que trabajamos en primera línea por la defensa y promoción de los derechos humanos en el continente, nos preocupa sobremanera la  nominación de Douglass Cassel como miembro  de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la CIDH). Aunque reconocemos que el señor Cassel cuenta con una larga trayectoria académica, no consideramos que cuente con la “alta autoridad moral” establecida en el Reglamento de la CIDH y, que debe ser exigida a cualquier persona que desee formar parte de la principal institución de derechos humanos del continente.

En muchas de nuestras batallas por la defensa de los derechos humanos, la CIDH es la única y última instancia a la que podemos acudir. Nos alarma que nuestra última esperanza de conseguir justicia caiga en manos de una persona que, en uno de los casos más emblemático del mundo en tema de defensa de derechos humanos violados por corporaciones, no haya tenido la entereza suficiente para ponerse del lado de la justicia y las víctimas. En el juicio seguido por las comunidades amazónicas ecuatorianas contra Chevron Corporation, Douglass Cassel aceptó ser abogado defensor de la compañía, a cambio de una cantidad de dinero que nunca ha sido revelada, a pesar de varias peticiones.

Desde hace 24 años las comunidades indígenas y campesinas de la Amazonia ecuatoriana  luchan judicialmente para que se reparen y restituyan sus derechos humanos, colectivos,  ambientales y de la naturaleza, violados  por las operaciones petroleras de Texaco (ahora Chevron). Para obtener la primera sentencia que trató sobre el crimen ambiental, social y cultural causado por Chevron en la Amazonía Norte de Ecuador, los indígenas y colonos ecuatorianos tuvieron que esperar 17 años. Para lograr que Chevron cumpla con una sentencia judicial legítima, que fue emitida en el sistema judicial que la misma petrolera escogió, han transcurrido más de cinco años, y hasta este día Chevron no cumple con la orden judicial, pese a que los afectados han recurrido a varias cortes extranjeras para realizar el trámite de exequátur. Chevron lejos de cumplir con una orden judicial legítima, ha optado por tratar de desconocer la sentencia judicial y a su vez, perpetuar el crimen ambiental social y cultural que lo generó Chevron desde hace más de 50 años. Esa esa petrolera la que defiende el señor Cassel, quien hoy quiere ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Chevron, por otro lado, se ha defendido de la manera más agresiva posible, prometiendo a los demandantes  que “pelearía hasta que el infierno se congele y entonces seguirá peleando sobre el hielo” [1]. La petrolera ha utilizado su enorme poder económico y cabildeo político para que el crimen cometido en la Amazonía, quede en la impunidad. La transnacional ha presionado a gobiernos para que la favorezcan dentro del proceso judicial y ha gastado cerca de un billón de dólares en la defensa de este caso. Chevron ha contratado un ejército de dos mil abogados para que la defiendan en este juicio. Este caso es un ejemplo que evidencia la inaplicabilidad del  derecho a acceder a la justicia por parte de las comunidades de países en desarrollo, que se enfrentan a grandes transnacionales.

En este contexto de desigualdad, en el que comunidades marginadas cuyos derechos han sido violentados, luchan por conseguir justicia frente a una de las empresas más grandes del mundo, Douglass Cassel ha aceptado ser abogado y asesor de Chevron, asistiendo, en representación de la compañía, a todas las instancias internacionales de derechos humanos a las que acuden las comunidades demandantes. Estos actos riñen con una posición académica, que demanda objetividad.

Lo anteriormente dicho se corrobora, cuando el señor Cassel, como abogado de “derechos humanos”, repite, apoya y defiende los argumentos utilizados por la petrolera, sin que plantee cuestionamiento alguno. Empleando argumentos que ya fueron esgrimidos por la industria tabacalera para su defensa, como aquel que sostiene que fumar cigarrillos no produce daños en la salud, Cassel cuestiona la demanda de los afectados por Chevron, aduciendo que no existen pruebas de que los tóxicos arrojados por la industria petrolera, provoquen enfermedades. Tal es así que en uno de los documentos por él producidos afirma que: “el equipo legal de los demandantes no ha presentado evidencia científica creíble, ni siquiera de casos particulares de cáncer causados por contaminación por petróleo, menos aún de una catástrofe de salud pública” [2]. Cassel desestima toda la información disponible, que demuestra que existen graves problemas de salud en las poblaciones que habitan en las zonas operadas por Chevron y que son resultado de la contaminación ambiental, provocada por las malas prácticas que fueron implementadas por la petrolera.

Esta posición es contraria a la misma CIDH, de la que Cassel pretende ser miembro. En el año 1994, miembros de ese organismo internacional, luego de una visita realizada en 1994 (tan sólo un año después de que Texaco salió del Ecuador), consignaron en su informe que:

“Se ha documentado ampliamente que la exposición al petróleo y a los compuestos químicos vinculados al mismo petróleo a través de la piel, por ingestión en los alimentos o el agua, o bien en las emanaciones absorbidas por el aparato respiratorio, provoca efectos nocivos para la salud y la vida del ser humano. En el caso que nos ocupa, los datos recogidos dan fe del riesgo considerable para la vida y la salud humana que representan las actividades de explotación petrolera en el Oriente” [3]

Llama la atención que Cassel, abogado que supuestamente defiende los derechos humanos, acuda a argumentos de derecho societario,  y apoye  los planteamientos de Chevron, con los que pretende evadir su responsabilidad por los daños cometidos en la Amazonía ecuatoriana[3] y ocultarse en una enmarañada estructura corporativa para defender su capital.  Al afirmar que Chevron nunca operó en Ecuador y que la juzgada es Texaco, asume que la fusión entre las dos empresas, ocurrida en el año 2001, dejó fuera del acuerdo la responsabilidad de la contaminación y los impactos subsecuentes. Bloquear la justicia para el reconocimiento, ejercicio y restablecimiento de los derechos humanos, bajo el argumento de Chevron y Texaco son dos personas jurídicas, aunque en la práctica el paquete accionario de la compañía es de una sola, se podría esperar de un abogado de un tribunal privado de protección de inversiones y no de quien pretende ser miembro del principal tribunal interamericano de defensa de derechos humanos.  Es un hecho que  Cassel  no solo aprueba sino que defiende la legitimidad de que un proceso privado de arbitraje internacional de inversiones menoscabe derechos fundamentales de personas, contrariamente a nuestra experiencia y la creciente literatura académica producida sobre esta materia.

La posición de Cassel, en favor de la compañía y no de las personas cuyos derechos fundamentales han sido agraviados, pone en tela de duda su idoneidad para ser parte de la más importante institución de derechos humanos de la región.  En un continente en el que las violaciones a los derechos fundamentales cometidos por empresas van en aumento, es necesario contar con una CIDH que tenga entre sus miembros personas que apliquen el principio pro homine y no a quienes representen intereses de las grandes corporaciones.

Alguien que no tiene la sensibilidad suficiente para conmiserarse con la difícil situación que viven las miles de víctimas de violaciones de derechos fundamentales en la Amazonia ecuatoriana y de comprender lo complejo que es para comunidades pequeñas emprender batallas judiciales contra grandes corporaciones, no merece ser parte de una organización cuya principal función es “promover la observancia y la

defensa de los derechos humanos” del continente.

Quito, mayo 31 del 2017

NOMBRE DE PERSONA Y/U ORGANIZACIÓN CARGO O DIGNIDAD PAÍS
Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz
Acción Ecológica Ecuador
Alcorta A. Mariano Delegado Sindical en la Empresa Konecta SAT Españá
Ambiente y Sociedad Colombia
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental – LAVIDA

 

Mexico
Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM) Guatemala
Asociación Nacional de Industriales de Transformación. ANIT México
Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena

 

Argentina
Alianza Mexicana contra el Fraking México
Alianza Global por la Justicia Fiscal Regional
Antonio Carlos Magalhães

 

antropólogo, pesquisador aposentado Museu Paraense Emílio Goeldi  Brasil
Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) Ecuador
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM) Ecuador
francés: Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)

español: Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL)

inglés: Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL)

 

Canadá
Conaie Ecuador
Centro de Estudios para la Justicia Social TIERRA DIGNA Colombia
FASE Bahia Brasil
FASE – Solidariedade e Educação, Brasil Brasil
FOCO

Foro Ciudadano de Participación

por la Justicia y los Derechos Humanos

 

Argentina
“FÓRUM MUDANÇAS CLIMÁTICAS E JUSTIÇA SOCIAL” Brasil
FENOCOPRE, por la Coordinadora Nacional del ISP Ecuador
 Fronteras Comunes  Canadá
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

 

Ecuador
Fundación para la Cooperación APY- Solidaridad en Acción Estado español
Global Exchange Estados Unidos
Grupo de Pesquisa CNPQ/UFPA, Sociedades, Ambiente, Ação Pública.

 

Brasil
Homa – Centro de Direitos Humanos e Empresas da UFJF Brasil
Instituto de Estudios Socio-económicos (INESC) Brasil
Instituto de estudios ambiental  del tercer mundo Ecuador
Instituto Terramar Brasil
Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul – PACS (Rio de Janeiro Brasil
Internacional de Servicios  Públicos –ISP Ecuador
Jóeci lopes Miranda Brasil
LATINDAD Regional
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH-RD  República Dominicana
Libres- Liga Brasil de Responsabilidade­ Socioambiental Brasil
MAB ( movimiento de afectados por Represa Brasil) Brasil
Media Alliance Estados Unidos
Observatorio Petrolero Sur Argentina
O FAOR – Fórum da Amazônia Orienta Brasil
Paul-Emile Dupret, Jurista, Parlamento europeo, Grupo GUE/NGL
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional) Ecuador
Plataforma Internacional contra la Impunidad Guatemala/Suiza
Proyecto sobre Organización Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) México
Red de Justicia Fiscal Ecuador
Rede brasileira de Justiça ambiental Brasil
Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE) Regional
SERPAJ, Servicio Paz y Justicia Argentina
Sonia Magalhães, antropóloga, professora na Universidade Federal do Pará

 

 Brasil
Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco. UDAPT Ecuador

[1] John Otis, Chevron vs. Ecuadorean Activists, The Global Post, Mayo 3, 2009, disponible en: http://www.globalpost.com/dispatch/the-americas/090429/chevron-ecuador?page=0,2#.

[2] Doug Cassel. La Estafa de Chevron en el Ecuador. Respuesta de Doug Cassel al Equipo legal de los demandantes. 10 de abril de 2012. Disponible en: http://www.juiciocrudo.com/documentos/la-estafa-a-chevron-en-el-ecuador-respuesta-de-doug-cassel-profesor-de-derecho-en-la-universidad-de-notre-dame-traduccion.pdf

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Ecuador. OEA/Ser.L/V/II.96. Doc 10 rev 1. 24 de abril de 1997. Capítulo VIII.

[4] En uno de sus documentos Cassel, con el fin de minimizar la responsabilidad de Chevron, afirma que ésta “nunca ha trabajado en actividades de perforación o extracción petrolera en el Ecuador. En el 2001 una subsidiaria de Chevron se fusionó con Texaco y adquirió su subsidiaria, Texaco Petroleum Company (“TexPet”), la misma que hasta 1990 había sido la operadora y accionista minoritaria en un consorcio con la compañía estatal petrolera ecuatoriana en la cuenca amazónica.” Para nosotros resulta inaudito que se reste responsabilidad a una compañía por violaciones de derechos fundamentales argumentando que son distintas personas jurídicas, cuando en la práctica resulta que todo el paquete accionario de la compañía es de una única persona.

Posted on junio 6, 2017 in Blog

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