HISTORIA DEL JUICIO

El 3 de noviembre de 1993, 15 personas, entre colonos e indígenas Cofanes, Secoyas y Kichwas de Orellana y Sucumbíos, mediante una “acción de clase”, presentaron una demanda contra la petrolera Texaco en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusándola de haber contaminado el ambiente y afectado a la salud de la gente debido al uso de tecnología barata y obsoleta durante la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana (1964 hasta 1990). Organizaciones campesinas, de mujeres, de derechos humanos, jóvenes, gremios y barrios, decidieron apoyar esta demanda y convocaron a más organizaciones sociales de la región para formar una coalición que apoye y sostenga este proceso que se iniciaba.

Luego de varias reuniones en las que participaron comunidades de colonos, nacionalidades indígenas, federaciones de organizaciones sociales y campesinas, organizaciones no gubernamentales, se conformó el Frente de Defensa de la Amazonía, el 16 de mayo de 1994.

Con el fin de evadir la acción judicial en su contra, Texaco suscribió con el Estado ecuatoriano el Convenio de “reparación ambiental”, que entró en ejecución en 1996. Los trabajos realizados por Texaco fueron cuestionados por los demandantes y posteriormente por la Contraloría General del Estado (Organismo de Control del Ecuador, que tiene como obligación velar por el cumplimiento de los contratos que cualquier entidad suscribe con el Estado ecuatoriano).

Por presión de la petrolera, el 16 de agosto de 2002 la Corte de Apelaciones de Nueva York resolvió enviar el caso al Ecuador. Los demandantes de forma unánime decidieron seguir con la acción judicial y el 7 de mayo de 2003 se presentó la demanda en la Corte Superior de Nueva Loja; el 21 de octubre de ese año miles de afectados se movilizaron a la ciudad de Nueva Loja para participar en la audiencia con el que se inició este juicio histórico, convirtiéndose este caso en el único en el mundo donde gente directamente afectada es capaz de someter a la justicia de su país a una poderosa compañía petrolera transnacional. Desde entonces, las comunidades están en permanente acción para vigilar el proceso judicial y tomar las decisiones trascendentales del caso.

Dentro del proceso judicial, los demandantes se preocuparon por probar, como en derecho se requiere, todas las acusaciones contra la petrolera. Gran parte de la prueba que reposa en el juicio fue producida y pagada por la misma empresa demandada. En el record o expediente, se acumularon más de 230.000 páginas de información, se receptaron más de 40 testimonios de personas afectadas por las operaciones de Texaco, se incorporaron 106 informes periciales, 60 de los cuales fueron pagados totalmente por Chevron; se produjeron más de 80.000 resultados químicos de las muestras tomadas en el suelo, aguas o sedimentos; se entregaron a los jueces varios estudios de salud elaborados en forma independiente por expertos extranjeros. El juez inspeccionó y verificó directamente los daños causados en 54 sitios operados por la petrolera.

En conclusión, la prueba científica existente en el juicio es abrumadora y determina de manera contundente la culpabilidad de la petrolera en los daños ambientales provocados y los impactos sociales, culturales y económicos. El 14 de febrero de 2011, el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, juez Nicolás Zambrano, emitió la primera sentencia en contra de Chevron Texaco. El veredicto fue en favor de los demandantes y se sentenció a la petrolera al pago de 9,5 millones de dólares para ser empleados en la reparación del daño ambiental, que incluye limpieza de los suelos, instalación de sistemas de agua e implementación de sistemas de salud para la zona.

Además el juez impuso una sanción punitiva que consistía en que Chevron pidiera disculpas públicas a los afectados, en un plazo de 15 días posterior a la sentencia. En caso de no hacerlo la sanción se incrementaría al doble del monto señalado. Acatando esta disposición, ahora la petrolera debe a los afectados más de 19 mil millones de dólares, monto que servirá además de lo dispuesto por el juez para implementar un plan para la recuperación y fortalecimiento de los pueblos ancestrales, limpieza de vías donde se arrojó crudos y la implementación de un plan económico para los campesinos que tienen tierras afectadas por la contaminación.

ESTRATEGIA DE CHEVRON DURANTE EL JUICIO

La estrategia de Chevron para defenderse de las acusaciones ha sido evolutiva y con distintas orientaciones. En primer lugar intentaron demostrar su inocencia sacando a relucir argumentos, como:

  1. El Petróleo es un producto inocuo que no causa efectos negativos en la salud de las personas.
  2. La empresa utilizó la mejor tecnología existente en esos años.
  3. En el período de operación de Texaco, no existían normas o leyes que protejan el ambiente en el país;
  4. La empresa actuó de acuerdo al marco jurídico existente en el Ecuador;
  5. El Estado liberó a Texaco de toda responsabilidad;
  6. Texaco remedió la parte que le correspondía;
  7. Existía un consorcio, por lo tanto según Chevron, los dos socios son responsables del daño causado.

Todos esos argumentos en los que basó su defensa la petrolera, fueron desvirtuados por los demandantes dentro del proceso.
Una vez que Chevron se dio cuenta, que sus alegatos no eran consistentes y que la prueba en su contra era contundente, optó por fortalecer su presión política en contra del Estado ecuatoriano con el fin de obligar al Gobierno de la República del Ecuador a inmiscuirse en un litigio que es entre particulares. Para lograr su objetivo ha realizado algunas actividades entre las que se señalan:

  1. Lobby.- En este contexto, intensificó su campaña de lobby (negociación a distintos niveles) en los Estados Unidos . La tarea de los lobistas fue convencer a los Senadores y al Gobierno norteamericano para que no se celebren acuerdos comerciales con el Ecuador, hasta que el Gobierno de Ecuador suspendiera se inmiscuyera en la Función Judicial y dispusiera la suspensión del proceso.
  2. Procesos arbitrales.- Chevron hasta la actualidad ha planteado tres arbitrajes internacionales y solo ha tenido éxito en uno de ellos, al obtener un laudo favorable por 96 millones de dólares, que el Estado ecuatoriano deberá pagar a la petrolera. El tercer laudo aún está en proceso. Los arbitrajes internacionales son contrarios a los derechos de las poblaciones afectadas y deslegitiman la figura del arbitraje, como en este caso donde con sus resoluciones se extralimitan en sus competencias y dictan sentencias por sobre la independencia de los sistemas jurídicos y la soberanía de los Estados.
  3. Presión Política.- Hay documentos en los cuales se evidencia la forma como Chevron mantuvo fuerte influencia sobre distintas autoridades del Gobierno ecuatoriano. En la medida que el proceso judicial avanzó y se dejó que los jueces actúen de forma independiente, Chevron arremetió con una campaña de desprestigio al Gobierno y al sistema jurídico del Ecuador, intentando presionar políticamente a los jueces. Para esto usó los servicios de la Embajada de Estados Unidos en Quito.
  4. Ataque al sistema judicial ecuatoriano.- Desde el 2008 hasta al fecha, Chevron ha intensificado su campaña internacional en contra del sistema judicial ecuatoriano, pretendiendo convencer a la opinión pública nacional e internacional, que la justicia en el Ecuador no es independiente y por lo tanto ninguna sentencia que salga de las Cortes ecuatorianas debe ser ejecutada en el exterior. Adicionalmente, Chevron logró que un Juez de Nueva York, emita una resolución descalificando al sistema judicial de Ecuador, lo que fue suspendido posteriormente por un Tribunal Superior, lo que se ratificó en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
  5. Ataque al equipo jurídico y técnico de los demandantes.- La última fase de la estrategia de Chevron se orientó a descalificar y de ser posible sacar de la defensa de los demandantes al equipo legal, dirigentes principales y expertos que conocen el tema.

ACCIONES PARA COBRAR A CHEVRON EN EL MUNDO

Chevron, preveyendo que la Corte ecuatoriana dictaminara en su contra por la cantidad e evidencia científica que demuestra la contaminación retiró todos sus activos del Ecuador con el propósito de evitar que los afectados puedan cobrarle por el daño ambiental cometido en la Amazonía ecuatoriana.  Es por esa razón, que los demandantes decidieron ejecutar la sentencia en otros países donde la petrolera posee bienes, tomando en cuenta que la sentencia ecuatoriana de segunda instancia emitida por la Corte Provincial de Sucumbíos, puede ser ejecutada en cualquier parte del mundo.

Los afectados recurrieron a las Cortes de Canadá, Brasil y Argentina. En los primeros dos países se realizan acciones para la homologación de la sentencia, mientras que en Argentina se aplicó la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, lo que posibilitó que se haya dictaminado el embargo y se ha dado inicio al trámite de homologación de sentencia. Estos procedimientos tienen el único fin de que la compañía cumpla con la sentencia impuesta, para iniciar de manera inmediata los trabajos de reparación.

ACCIÓN EN CANADÁ

El 31 de mayo del 2012, el abogado canadiense Alan Lenczner, contratado por los afectados para llevar el caso en ese país, solicitó que la Corte canadiense reconozca la sentencia de los afectados.

El 4 de septiembre del 2015, la Corte Suprema de Canadá, ratificó su jurisdicción y sentenció que los demandantes de Ecuador tienen el derecho a buscar el reconocimiento de la sentencia en ese país.  El 20 de agosto de 2016, la Corte de Canadá negó la petición de Chevron, de no dar paso al caso, y luego de escuchar los argumentos de las partes decidió continuar con el proceso en Toronto. En esta  audiencia estuvieron miembros de la Unión de Afectados/as por Texaco (Udapt), encabezados por Humberto Piaguaje, coordinador ejecutivo de la organización, y Carmen Zambrano, representante de las víctimas.

Ellos además,  mantuvieron  importantes encuentros con líderes de organizaciones sociales e indígenas, ONG´s y representantes de medios de comunicación.

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Resumen de negocios

Canadá fue considerado uno de los 10 principales mercados para la inversión de Chevron en  el 2012.  Durante el 2011,  la compañía obtuvo 70.000 barriles diarios de equivalente de petróleo neto, lo cual lo coloca como el país con mayor capacidad de producción de petróleo en el  mundo en el período 2009 a 2010 y como el tercer país entre el 2010 a 2011.  La relación de Chevron con Canadá  tiene ya más de 70 años, en los que ha descubierto y explotado crudo y gas natural. Además ha desarrollado industrias para refinarlos y distribuirlos dentro de ese mismo país.

Chevron realiza sus operaciones a través de la subsidiaria: Chevron Corporation, que incluye a Chevron Canadá Ltd., Chevron Canada Finance Limited (ambas de propiedad absoluta de la empresa) y Chevron Canadá Resources de la cual es accionista.

ACCIÓN EN ARGENTINA

El 6 de noviembre del 2012, el juez de los civil de Buenos Aires,  Adrián Elcuj Miranda, accedió al pedido de la justicia ecuatoriana bajo la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares y de ese modo ordenó el embargo de los activos de Chevron en Argentina por 19 mil millones de dólares. Esta acción fue promovida por el abogado de las víctimas en ese país, Enrique Brochou.

El embargo pesaba sobre acciones, dividendos y el 40% de las ventas de crudo de la filial argentina de la petrolera estadounidense Chevron. La orden de embargo alcanzaba al 100 por ciento de las acciones de Chevron en este país, así como a la totalidad de las participaciones en yacimientos petrolíferos y oleoductos.

El 30 de enero del 2013, la Cámara de Apelaciones de Argentina, desechó el pedido de la petrolera de retirar el dictamen y ratificó, sin modificación alguna, el embargo a los activos, bienes e inversiones de Chevron en ese país. Esta resolución adoptada, de manera unánime, por las tres magistradas que conforman la Cámara, da la razón a los demandantes y ratifican la legalidad de la sentencia emitida en las cortes ecuatorianas.

Sin embargo, el 22 de mayo, la Procuradora General de Argentina, Gils Carbó había argumentado que los sujetos embargados eran “sociedades constituidas en la República Argentina y en el Reino de Dinamarca”, lo que implica que tienen “personalidad jurídica propia y distinta de la de sus accionistas directos e indirectos, según lo estipulado por la legislación nacional”.

El martes, 4 de junio del 2013, La Corte Suprema de Argentina dejó sin efecto un embargo que pesaba por sobre los activos de Chevron. La Corte, en su fallo, hizo hincapié en un argumento; Chevron Argentina, que es una persona jurídica distinta de Chevron Corp. no participó en el juicio en Ecuador y de ese modo se retiró el embargo en ese país.

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