Este mes de noviembre se cumplen 28 años del inicio de la demanda que indígenas y colonos plantearon en busca de justicia ante el crimen ambiental cometido por Chevron en la selva amazónica ecuatoriana. Indígenas y colonos afectados siguen acciones para lograr justicia, mientras la transnacional presiona al Estado ecuatoriano para que impida el cobro de las sentencias dictadas legítimamente por distintos tribunales de Ecuador.

Lago Agrio, 5 de noviembre de 2021.-  Luego de 28 años de iniciado el juicio contra Chevron y después de 8 años de haberse ratificado en última instancia judicial el fallo en favor de indígenas y colonos que habitan en las provincias de Orellana y Sucumbíos, nuevas amenazas se tejen en contra de la población demandante, que ponen en riesgo la ejecución de la sentencia y la reparación de las zonas afectadas por la contaminación provocada por los procesos extractivos implementados por Chevron en las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Durante los últimos dos gobiernos de Ecuador, nuestros representantes, lejos de ejercer una defensa técnica efectiva, sobre la base de soberanía y la institucionalidad del Estado, ante el panel arbitral y ante la justicia holandesa, han demostrado desidia y hasta negligencia. Contrario a lo que se esperaría de ellos, han desplegado acciones de persecución en contra de los pobladores ecuatorianos, con la clara intención de favorecer a la multinacional

El Estado ecuatoriano en el año 2018, planteó el recurso de nulidad del laudo arbitral que obtuvo Chevron el 30 de agosto del 2018, luego de que recurrió ilegítimamente a la aplicación retroactiva de un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, suscrito entre Ecuador y los Estados Unidos del Norte de América, que entró en vigencia en el año 1997, es decir, cinco años después que Chevron cerró sus operaciones en Ecuador.

A pesar de que la justicia holandesa no ha emitido un fallo definitivo sobre el recurso de nulidad del laudo Arbitral, la Procuraduría del Estado se encuentra ejecutándolo y se ha empeñado en entorpecer las acciones de cobro de los demandantes en jurisdicciones extranjeras, en las que ha intervenido sin ser parte procesal, impidiendo que se cristalicen fallos favorables, desconociendo el éxito obtenido por los indígenas y colonos ecuatorianos en cortes como las de Canadá.

Paralelamente, con el impulso del Procurador del Estado, Íñigo Salvador, y la anuencia de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a mediados del año 2021 se iniciaron indagaciones a los demandantes por un supuesto delito de cohecho, en el cual se pretende demostrar que el juez de primera instancia, Nicolás Zambrano dictó sentencia a favor de los amazónicos por supuestos ofrecimientos de dinero al Juez. Estas acciones dejan en claro que el Estado y Chevron están actuando coordinadamente en ejecución del laudo arbitral anular la sentencia y con la clara intención de dejar a las comunidades en indefensión, en violación de sus derechos constitucionales y de los reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos.

Pablo Fajardo, abogado de los ecuatorianos, ratifica que la UDAPT junto con los demandantes han ganado en forma definitiva el juicio en contra de Chevron en el Ecuador,  mientras que el Estado  perdió el arbitraje interpuesto por la petrolera. Ahora el Estado, de forma absurda y en violación de la independencia judicial, pretende inmiscuirse en un juicio del cual no es parte, afirmó Fajardo.

Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco, levantó la alerta sobre la intervención del Estado ecuatoriano al inmiscuirse en un juicio que es privado y cuyo fallo ha sido analizado y ratificado por todas las instancias judiciales de Ecuador, e incluso la Corte Constitucional.

Con las acciones del Procurador, dijo Moncayo, el Estado ecuatoriano está atentando contra los derechos de los ecuatorianos, contraviniendo su mandato constitucional, además violando la independencia judicial y cediendo la soberanía del Ecuador a Chevron.  “Lo más grave es que el propio Estado impide que se repare la contaminación que ha dejado pobreza y muerte a los pobladores”, ratificó.

La dirigencia de la UDAPT hace un llamado para que se respeten sus derechos y que el Estado deje de intervenir en un juicio que no le corresponde, además de ratificar que seguirán implementado acciones para el cobro y que recurrirán a instancias internacionales de derechos humanos para protegerse de las violaciones a las que están sometidas por parte del Estado.

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Donald Moncayo: +59399397808

Pablo Fajardo:   +593993977811