Chevron se valió de todas las vías posibles para intentar terminar con el juicio planteado por los indígenas y colonos de las provincias de Orellana y Sucumbíos y para eso no dudó en usar la vía fraudulenta. Compró laboratorios, Gobiernos, plantó falsos informes técnicos para buscar sitios no contaminados y hasta compró a un ex juez, Alberto Guerra, para armar la historia de que él había escrito la sentencia o que lo hicieron los demandantes, pagando por esto miles de millones de dólares, sin que no pasen de las mentiras.