ISDS: Como el sistema global de impunidad corporativa está afectando los Derechos Humanos de poblaciones indígenas y campesinas de la Amazonía ecuatoriana

El año pasado, el día 30 de agosto de 2018, un Panel de Árbitros privados, con sede en la Haya, (Holanda, UE), compuesta por tres árbitros privados, emitió una sentencia que podría representar un precedente nefasto para la humanidad. A través de un juicio entre el Estado ecuatoriano y la empresa multinacional estadunidense Chevron, dicho panel pretende anular una sentencia emitida por un sistema judicial de un país soberano, como Ecuador, que condenó a la misma empresa a pagar $9.500 para el daño deliberadamente causado al medio ambiente en las provincias de Orellana y Sucumbíos, en la Amazonía norte ecuatoriana, entre 1964 y 1990, por la petrolera Texaco, hoy Chevron. Durante sus operaciones petroleras, la empresa arrojó al medio ambiente cerca de 650.000 barriles de crudo, correspondiente a casi 64 mil millones de litros de aguas tóxicas, afectando a más de 30.000 personas y a un área de aproximadamente 500.000 hectáreas; todo esto, para que quede claro, se hizo de manera voluntaria, para reducir el costo de producción y ampliar el margen de beneficio.

Después de 25 años de lucha, en junio de 2018, los afectados habían logrado una victoria histórica, cuando la Corte Constitucional de Ecuador negó a Chevron el último grado posible de apelación, confirmando las sentencias de la Corte Provincial de Sucumbíos y de la Corte Nacional. Ahora, no obstante los esfuerzos y los sacrificios llevados adelante durante todo este tiempo, los afectados ven sus derechos borrados por una sentencia que viene de un continente lejano, ajeno a los hechos, y, además, en un juicio de lo cual ellos nunca fueron parte. Este hecho está en contra de toda ley expresa y de la misma constitución de Ecuador, pero aún así, el Estado ecuatoriano está actuando en contra de sus ciudadanos, arrodillado frente a los poderes económicos globales y a la empresa Chevron, y está ahora intentando cumplir con el laudo arbitral y anular nuestra sentencia. 

Lo que está haciendo posible todo esto tiene un nombre, y se llama sistema ISDS, es decir el sistema de soluciones de controversias entre inversores y estados; o, más bien dicho, el sistema de chantaje internacional que antepone los intereses económicos de las empresas a los Derechos Humanos y de la naturaleza.

¿Que es entonces este sistema? ¿Quien lo artifició, cuando y por qué?

La historia es muy larga, pero vamos a intentar dar algunas respuestas a nuestros lectores, con el objetivo de hacer entender porque es tan importante luchar en contra de este sistema injusto e ilegal.

El ISDS es un instrumento de derecho público internacional, un mecanismo contenido en Tratados de Libre Comercio (TLC), o acuerdos de inversión, que otorga a los inversionistas extranjeros el derecho de acceder a un panel internacional para resolver disputas de inversión contra un estado anfitrión que es parte en el tratado. En este marco, el ISDS se concibió originalmente como una forma de proteger a los inversores del abuso estatal arbitrario. Esto tenía el objetivo final de promover la inversión extranjera entre estados.

Todo esto suena muy bien, pero no todo lo que brilla es oro.

De hecho, las disputas entre inversionistas extranjeros y estados, en su momento, reflejaron un enfoque de la era colonial para la inversión extranjera, con las corporaciones europeas o estadounidenses invirtiendo en el mundo en desarrollo, a menudo con un fuerte respaldo de sus gobiernos: después de la Segunda Guerra Mundial, a medida que los acuerdos coloniales llegaron a su fin y los gobiernos nacionalistas se afianzaron en partes del mundo en desarrollo, las empresas multinacionales, con sede en Europa y Estados Unidos, experimentaron problemas continuos y crecientes con sus inversiones, incluida la expropiación de activos. En reacción, estas firmas presionaron por un sistema internacional de disputas basado en un tratado que proporcionaría árbitros “neutrales” para escuchar sus reclamos legales, derivados de la falta de confianza de los tribunales locales. Obviamente, estos árbitros eran y siguen siendo primariamente elegidos entre abogados occidentales que, a menudo, han estado trabajando por mismas empresas transnacionales todas sus vidas. Este fue el comienzo del ISDS moderno, basado en tratados.

Hoy en día, queda claro que el sistema ISDS está enfriando la regulación social y ambiental al permitir que las empresas demanden a los gobiernos cuando dicha regulación impacta negativamente en sus inversiones. Esto es un peligro no solo para los Derechos Humanos, sino para todo el planeta, en un momento en el que necesitamos actuar pronto para parar el calentamiento global.

Hay muchas críticas de tipo jurídico y moral con respeto a este sistema:

Esencialmente, este sistema socava los fundamentos de la soberanía del Estado, ya que agota el poder legal nacional frente a las multinacionales, que pueden beneficiarse, único en el derecho internacional, de paneles arbitrales privados ad hoc; esto representa una anomalía en el derecho internacional, en la medida en que constituye un derecho autónomo subjetivo garantizado a las grandes empresas, en un sistema que normalmente no concede este tipo de derecho ni siquiera a los individuos; es unidireccional, ya que solo las empresas pueden demandar a estados, y no al revés; las sentencias dictadas por los paneles arbitrales son inapelables, y dictadas por árbitros privados – abogados, ni siquiera jueces – que provienen del derecho mercantil, mientras que están encargados de casos de políticas públicas y violación de los derechos humanos; por fin, estos árbitros son remunerados y designados por la misma empresa a la que tienen que enjuiciar, lo que constituye un claro conflicto de interés.

Además, como lo demuestra el caso Chevron v. Ecuador, existe un temor bien fundado de que este sistema pueda impedir el acceso a la justicia de las poblaciones e individuos afectados por los crímenes corporativos: como mencionado anteriormente, el laudo arbitral del año pasado ordena al Estado ecuatoriano anular el fallo a favor de los afectados, y le impone una multa multimillonaria de la cual todavía no se conoce el monto. El chantaje es que si el Estado cumple con los dictámenes de la sentencia – es decir, si anula la sentencia e impide que se homologue en otros países – ese monto va a ser menor, en caso contrario la multa va a ser mucho más alta. Actualmente, Ecuador tiene 14 juicios arbitrales pendientes con varias empresas multinacionales, lo que podría significar miles de millones en sanciones.

Por ello, como UDAPT, nos hemos Adherido a la Campaña Global en contra del ISDS, que en Europa ha alcanzado más de 500.000 firmas, poniendo en riesgo la estipulación del tratado de libre comercio que, desde casi una década, se está negociando con Estados Unidos, y que contiene este instrumento jurídico para la solución de controversias, precisamente, entre inversores y estados – se trata del TTIP, Partenariado Transatlántico de Comercio e Inversión. Esto nos enseña que, cuando la sociedad civil se junta y se demuestra capaz de ejercer presiones importantes, puede influenciar las decisiones de estados y gobiernos poderosos, lo que antes se creía imposible.

Como alternativa al sistema ISDS, el Estado de Ecuador, en 2014, lideró un proceso para empujar hacia la elaboración de un Tratado Vinculante sobre los Derechos Humanos en seno a la ONU, para vincular las empresas a respetar esos derechos y el medio ambiente. El mismo Estado ecuatoriano, hoy en día, es uno de los mayores detractores de este proceso.

El tema es complejo, pero esperamos, con este artículo, levantar conciencias y aclarar dudas sobre un sistema que, como sus principales armas, explota la ignorancia y el desinterés de la gente. Juntos ganamos, divididos caemos.

¡Derechos para las personas, reglas para las empresas!

#StopISDS #TratadoVinculante

Para la web de la campaña global:
https://stopisds.org/es/

Para mayor información sobre el Tratado Vinculante: https://www.stopcorporateimpunity.org/tratado-vinculante-proceso-en-la-onu/?lang=es

Posted on agosto 12, 2019 in Corte de La Haya, Sin categoría, Tratado Vinculante

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