AFECTADOS POR CHEVRON EXIGEN DECISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

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Quito, 9 de noviembre de 2016.- Con una marcha y un plantón en la que participaron más de 400 personas, representantes de las comunidades indígenas y colonas impactadas por la contaminación provocada intencionalmente por Texaco, demandaron ante la Corte Constitucional, se pronuncie sobre el recurso extraordinario respecto a este caso, que reposa desde hace más de dos años y nueve meses en ese organismo.

 

Este pedido se da luego de haberse cumplido, el 3 de noviembre, 23 años de esta batalla jurídica de la que son parte más de 30 mil pobladores de las provincias de Orellana y Sucumbíos, que conforman la Unión de Afectados/as por las Operaciones de la Petrolera Texaco, UDAPT.

 

Pese a haber obtenido sentencia en las dos instancias judiciales y el recurso de Casación que contempla la legislación ecuatoriana, Texaco (ahora Chevron) sigue utilizando indebidamente todo tipo de recursos, ya sean judiciales, políticos, mediáticos y económicos, para evitar el pago de los más de 9.500 millones de dólares, que permitiría a los demandantes ecuatorianos iniciar, de manera inmediata, las acciones de remediación que pondrían fin a los problemas que enfrentan como resultado de la contaminación y que tienen repercursiones en la salud, alimentación, procesos productivos, económicos, culturales y otros derivados.

 

Una de estas acciones es precisamente el recurso de protección que es reclamado por Chevron ante la Corte, aduciendo que durante el proceso jurídico le fueron violados sus derechos constitucionales por parte de la justicia ecuatoriana. Según Pablo Fajardo, abogado de las comunidades ecuatorianas, en este pedido la petrolera pretende utilizar a la Corte Constitucional, como organismo de cuarta instancia en la justicia ordinaria, desvirtuando su naturaleza.  Fajardo se basa en el hecho de que el pedido y los argumentos de Chevron son los mismos que se trataron ya en las instancias inferiores.

 

 

Humberto Piaguaje, Coordinador de la UDAPT, a nombre de los afectados exigió que la Corte se pronuncie y se cierre definitivamente esta batalla judicial en Ecuador.  Para Piaguaje es contradictorio, que mientras el caso es el ejemplo en el mundo para desnudar la estructura de impunidad que protege a las corporaciones que violan los derechos humanos, lo que sustenta el pedido de adopción de un tratado vinculante que someta a las trasnacionales a su cumplimiento a nivel del Sistema de Naciones Unidas, propuesta que está siendo encabezada como política del Estado ecuatoriano, dentro del país el máximo organismo constitucional no haya resuelto en protección de los derechos humanos de su población, a pesar de que el juicio ya lleva 23 años.

A decir de Piaguaje, el hecho de que la Corte no se haya pronunciado está dando un pretexto a la petrolera para que siga su campaña mundial de desprestigio a los demandantes, al país y su sistema de justicia, pero sobre todo el chantaje a distintos niveles para evitar el pago de la sentencia; pero sobre todo está dando una señal de que las injusticias siguen para los ecuatorianos, víctimas de las violaciones de los derechos humanos y constitucionales por parte de la transnacional Texaco-Chevron.

 

Durante el acto cumplido por los afectados en el Parque El Arbolito, sitio emblemático de las luchas sociales, presentaron al público asistente las muestras de tierra y agua contaminada con los hidrocarburos, lo que puede ser fácilmente visto en los territorios afectados, por cualquier visitante.  Estas evidencias, a decir de Donald Moncayo, quien es miembro de las comunidades colonas y parte del Comité Ejecutivo de la entidad, “son tan abrumadoras y están tan a la vista, lo que ha impedido que el dinero y el poder de Chevron pueda comprar conciencias. Chevron no puede contra la verdad y por eso ganamos el juicio”, dice a la vez que ratifica el pedido ante la Corte Constitucional, “23 años son suficientes, ya es hora que en Ecuador se nos reconozcan nuestros derechos”, ratifica.

Posted on noviembre 9, 2016 in Blog

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