Rueda de prensa para denunciar la posición del Gobierno frente al laudo arbitral en el caso Chevron

A finales del mes de junio del 2018, la Corte Constitucional de Ecuador puso fin al caso Lago Agrio, confirmando la sentencia que condena a Chevron a pagar la suma de 9.500 millones de dólares a la empresa Chevron. Dinero que será destinado para reparar el daño ambiental, social y cultural causado por las operaciones de la petrolera en la Amazonía Norte de Ecuador. El 30 de agosto del mismo año, un panel de arbitraje privado, que tiene su secretaría técnica en La Haya (Holanda), emitió un laudo arbitral que rompe los esquemas y la constitucionalidad de la primacía de los derechos humanos sobre el derecho comercial y económico en el mundo. En ese laudo, los árbitros ordenan al Estado ecuatoriano que anule la sentencia del caso Lago Agrio y que implemente todos los mecanismos para que impida que los afectados puedan ejecutar la sentencia fuera del Ecuador. Finalmente, ordena que el Estado tiene que pagarles las costas judiciales a Chevron y el daño moral que se le ha causado a la petrolera con la existencia del litigio nuestro por más de 25 años. Esto sería una multa millonaria, contra el Estado ecuatoriano, por supuestamente haber violado el derecho de inversión de la petrolera o no haber protegido la inversión de la empresa, que por cierto no existía cuando se inició el juicio en Lago Agrio. Pero, aquí nos preguntamos: ¿quien debe pagar por la violación de los derechos humanos de los afectados? ¿Quien debe pagar por los cientos de muertos con cáncer? ¿Por las cutluras indigenas que se extinguieron? ¿Por el daño a la naturaleza?

Ese laudo arbitral es inejecutable. No existe norma legal alguna que le permita al estado ecuatoriano cumplir con el laudo arbitral. Además, es inconstitucional, pretende obligar al Estado a romper la separacion de funciones, anula la supremacía de los derechos humanos respecto al derecho economico y comercial.

Toda persona con mínimo conocimiento del derecho, creería que el Estado iniciaría un proceso una lucha muy vigoroza para defender la soberanía de Ecuador, su constitucionalidad y a su población. Pero eso no es así. El Gobierno del Ecuador, hace todo lo contrario. Es evidente que está cumpliendo con el laudo arbitral, y yendo contra su propia constitución y contra su propia población.

El 18 de julio de 2019 convocamos a una rueda de prensa para denunciar la posición del Gobierno frente al laudo arbitral en el caso Chevron. Teniendo en cuenta no sólo la última admisión de interferencia para obstaculizar la ejecución de la sentencia Lago Agrio, sino también los intentos anteriores de cumplir con el laudo e ir en contra de su propio sistema de justicia, reafirmamos, como UDAPT, que es hora de decir basta y responder con fuerza a los ataques del gobierno en contra de nosotros.

Willlian Lucitante, coordinador de la UDAPT, destacó que, a pesar de que el caso ha sido ganado en todas las instancias de la justicia ecuatoriana, los afectados siguen siendo amenazados por ser vulnerados de derechos: por esta razón no podemos permitir que el gobierno nacional interfiera en el proceso violando los derechos humanos y la naturaleza.

Justino Piaguaye, dirigente de la UDAPT y Presidente de la nacionalidad Siekopai, declaró que vemos con gran preocupación que el gobierno no sólo no nos ha escuchado y no ha respetado su propio sistema de justicia, sino que incluso está servilmente arrodillado frente a las transnacionales, tratando de cumplir con el laudo arbitral que nada tiene que ver con nosotros como amazónicos y demandantes.

Cesar Pazmiño, Presidente de los colonos y dirigente de la UDAPT, expresó que está claro que el gobierno está al servicio de Chevron y le he dado la espalda a los ciudadanos de Ecuador, pero que a pesar de ello seguiremos luchando hasta que se haga justicia.

Humberto Piaguaye, dirigente de la UDAPT, habiendo declarado que ni el laudo ni el actual gobierno tienen derecho a interferir en el caso, aseguró que continuaremos buscando la reparación ambiental, social y cultural que nos corresponde a pesar de las mentiras del ejecutivo.

Donald Moncayo, también dirigente de la UDAPT, afirmó firmemente que no podemos aceptar que un panel de árbitros privados impida la ejecución de la sentencia de un país soberano y que el poder económico esté por encima de los derechos humanos y de la naturaleza. Por estas razones pidió a las autoridades que actúen en defensa de los ciudadanos y paren impedir la reparación de la Amazonía y el acceso a la justicia.

Por último, el abogado de la UDAPT Pablo Fajardo, destacó la información enviada por el Procurador General del Estado, Iñigo Salvador Crespo, a la Asamblea Nacional, en la que se afirma la voluntad del gobierno de cumplir con el laudo; insistió en la forma en que el estado ecuatoriano, en lugar de defenderse en derecho y buscar la nulidad del laudo arbitral, ha obstaculizado la ejecución de la sentencia y ha interferido en la acción de homologación de la sentencia en otros países.

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Mirian Ojeda Rojas: +593 6-283 0405 – +593 99 083 4021

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Posted on julio 24, 2019 in noticias, Nuestra Voz, revisión de prensa

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