COMUNIDAD INTERNACIONAL OBSERVA LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DEL ECUADOR FRENTE AL CASO CHEVRON

Quito, 28 de noviembre 2018- Varios organismos legislativos del mundo han enviado sendas comunicaciones al Gobierno del Ecuador, en las cuales exhortan realice el mayor esfuerzo para lograr la nulidad del laudo arbitral en el caso Chevron III y así tutelar los derechos de los afectados y afectadas del caso Aguinda vs Chevron.

Una vez conocido el resultado del Laudo arbitral, se evidenció la injerencia de Chevron en la política ecuatoriana, al introducir a través de Asambleísta Luis Fernando Torres, un proyecto de reforma al Código Orgánico General de Procesos, una propuesta que buscaba incluir la figura del recurso de revisión. Texto fue elaborado por un ex abogado de Chevron en el país, pero que, por presión de varios actores sociales del Ecuador, especialmente de la UDAPT, la Asamblea Nacional se vio obligada a modificar el proyecto de ley, y finalmente el Ejecutivo lo vetó por inconstitucional.

Este 30 de noviembre se cumple el plazo para que Ecuador presente el pedido de nulidad del Laudo Arbitral en contra del Estado, impuesto por el Tribunal de Arbitraje, en base al Tratado de Protección de Inversiones, suscrito por el país y los Estados Unidos. En esta decisión, se ordena al gobierno ecuatoriano pagar una indemnización en favor de Chevron y anular la sentencia obtenida en favor de las comunidades afectadas por la petrolera, que fue aprobada en tres instancias judiciales y una constitucional en Ecuador.

Si bien, voceros del Presidente de la República, y de la Procuraduría General del Estado, una vez conocida la resolución del Tribunal Arbitral, se pronunciaron en favor de presentar la acción de nulidad, por inaplicable ya que implica una violación de las normas constitucionales, de las leyes ecuatorianas; la independencia de las funciones y la soberanía del Estado, no ha existido ningún pronunciamiento oficial respecto a acciones concretas a adoptar sobre el tema y persiste en los afectados ecuatorianos la incertidumbre frente a las posibles negociaciones con la petrolera.

Aceptar el laudo violaría los derechos humanos de los ecuatorianos, pondría los acuerdos comerciales sobre las leyes nacionales e incluso los tratados que en materia de derechos humanos rigen a nivel mundial; implicaría, menoscabaría la soberanía nacional y sentaría un pésimo precedente global, además de poner en entre dicho la capacidad del gobierno ecuatoriano de defender sus intereses y los de su población.

Frente a este hecho, existe expectativa mundial y pronunciamientos a través de cartas que han sido suscritas por 36 diputados españoles de cinco grupos políticos; otra firmada por 14 miembros de las Comisiones de Cooperación Internacional para el Desarrollo y de Asuntos Exteriores del grupo Unidos Podemos En Común Podem-En Marea; y otra emitida por el Parlamento Andino, que han sido dirigidas al Presidente de la República, Lenín Moreno y al Procurador del Estado, Íñigo Salvador.

Los firmantes de estas cartas coinciden en solicitar a las autoridades ecuatorianas que sean garantes de los Derechos Humanos y rechace la aplicación de la decisión del tribunal de arbitraje. El tema que más inquieta a la Eurocámara es que a pesar de que existen sentencias en firme aprobadas en todas las instancias legales de la justicia ecuatoriana, los afectados amazónicos aún no pueden ejecutarlas y, por el contrario, persiste el riesgo de que el poder de la petrolera obligue a Ecuador, mediante mecanismos de coacción, a desechar los fallos, sentando un grave precedente en contra de la soberanía del Estado.

Sr. Presidente, sabe usted bien que la lucha por hacer efectivos los derechos humanos no sólo requiere la actuación del poder judicial sino que exige el compromiso y la coherencia del conjunto de las instituciones, así como una efectiva cooperación en el ámbito internacional. En este sentido, observamos con preocupación que la condena confirmada por las sentencias citadas contra Chevron no ha podido ser ejecutada, y que las innumerables víctimas del crimen corporativo cometido entre los años 1964 y 1990 siguen sin haber obtenido reparación, ni en Ecuador ni en otro lugar donde esta empresa tenga su matriz o parte de su cadena global de valor”, señala una de las cartas.

Quienes se han expresado en apoyo a una decisión soberana del Ecuador frente a este ilegal fallo del Tribunal de Arbitraje, manifiestan su preocupación, ya que a través de estos mecanismos se pretende apuntalar la impunidad de las empresas transnacionales y poner en cuestión tanto la probidad del sistema jurisdiccional ecuatoriano, como la calidad del funcionamiento de la democracia en Ecuador.

En el momento, los afectados continúan con las acciones en Canadá con el fin de homologar la sentencia para embargar los activos de la compañía y hacer efectivo el cobro impuesto por las cortes, y esto es lo que Chevron busca evitar con el laudo arbitral.

“Es claro que los ojos del mundo están sobre las decisiones que el Gobierno del Ecuador pueda tomar en torno a este tema. Hoy por hoy, nuestro caso no solo es de los amazónicos es del país, pues buscamos la reparación de las zonas contaminadas, pero también es una lucha del mundo. Muchas organizaciones nos ven como referente y están siguiendo cada acción para ver si finalmente el Derecho Básico, la Justicia, la razón y la soberanía de un pueblo pueden imponerse al poderío y al capricho de una empresa, una de las más grandes del mundo como es Chevron”, dijo Wilian Lucitante, Coordinador Ejecutivo de la Unión de Afectados por Texaco (Udapt).

Para el dirigente de los afectados los escritos son la muestra de que la comunidad internacional está consciente que dar paso al dictamen del laudo arbitral es ilegal e inconstitucional y que bajo ninguna circunstancia se justifica su aplicación.

En ese contexto, los dirigentes de los afectados también han pedido, a través de solicitudes formales, ser recibidos por el Presidente Lenín Moreno (sin respuesta aún). “Estamos pidiendo públicamente al presidente Moreno que nos reciba, que se reúna con nosotros, tal como lo ha hecho con representantes de Chevron. Es necesario que la UDAPT y el Ecuador sepan cuál es la posición de nuestros representantes sobre este tema tan importante”, dijo Pablo Fajardo, abogado de la Udapt.

El Estado tiene menos de una semana para presentar sus escritos y argumentos de nulidad ante las Cortes de Holanda. “Como Udapt estamos y estaremos vigilantes de estas acciones. No vamos a permitir que nadie, y menos nuestro Gobierno viole nuestros derechos y nos dejen en la indefensión, peor en el olvido. Chevron cometió un crimen y debe pagar por eso”, concluyó Lucitante.

La Constitución Ecuatoriana rechaza, en su artículo 422, este tipo de arbitrajes de inversiones por constituir una afrenta a la soberanía nacional, así como el hecho de que el recurso a este tribunal ha sido injusto, puesto que se basa en un Tratado de apoyo a la inversión entre EEUU y Ecuador declarado inconstitucional y denunciado por el país en mayo de 2017.

Las cartas terminan con el apoyo total a los afectados por las operaciones de Chevron, quienes están organizados en la UDPAT, Unión de Afectados/as por Texaco, mientras que los dirigentes de los litigantes anuncian movilizaciones y acciones para esta semana.

Posted on noviembre 28, 2018 in Sin categoría

Share the Story

Back to Top