Gobierno ecuatoriano admite estar cumpliendo con el laudo arbitral para obstaculizar la Ejecución de la Sentencia en el caso Chevron.

Procurador General del Estado, envía informe a la Asamblea Nacional sobre el caso Chevron en el cual admite que el estado está cumpliendo con el laudo arbitral del 30 de agosto del 2018, para sí “lograr”, que los árbitros le pongan una sanción  menor.

Nueva Loja – 18 de julio 2019. Con fecha 19 de junio de 2019, el Procurador General del Estado, Iñigo Salvador Crespo, ha presentado a la Asamblea Nacional un Informe Ejecutivo sobre los avances del caso Chevron-Texaco vs. Ecuador, es decir el arbitraje internacional planteado por Chevron en contra del Ecuador, ante el panel de árbitros privados de la Haya en 2009.

En este informe se afirma, sin medias tintas, que el gobierno de Ecuador está realizando todas las acciones necesarias para cumplir con el laudo arbitral y proceder a impedir que la UDAPT y los afectados, puedan ejecutar la sentencia del denominado caso Lago Agrio, en la cual se condena Chevron a pagar la suma de 9.500 millones de dólares para reparar los daño causado por esta petrolera en la Amazonía ecuatoriana y que ha cobrado la vida de cientos de personas con exceso de casos de cáncer.

Se lee en el documento del Procurador: “En miras de disminuir la condena en daños, la Procuraduría General, en representación judicial de los intereses del Estado ecuatoriano, dio cumplimiento a la orden del Tribunal e informó, mediante el Servicio de Valija Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a las autoridades de Canadá y de Argentina las órdenes y declaraciones contenidas en el Laudo Parcial de 30 de agosto de 2018.”.

No es la primera vez que el ejecutivo interfiere en la sentencia legítima de su sistema judicial, dando la espalda y pretendiendo acabar con la lucha de los afectados. De hecho, como se afirma en el informe, en el mes de enero del 2019, el mismo Procurador presentó una carta ante el Presidente de la Corte Suprema de Canadá, la cual fue decisiva para que dicha corte no admitiera trámite el recurso de apelación de los demandantes que buscaban homologar la sentencia en ese país.

Además, tras la declaración del Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, del 25 de febrero de este año, en la que afirmaba la intención del gobierno de reparar las responsabilidades ambientales de Chevron, la UDAPT instó a que presentara el plan de reparación: en su respuesta, el Gobierno admitió que no tenía ningún plan, como puede verse en esta comunicación enviada por el gobierno mismo.

Por último, incluso ante la carta enviada por la comunidad internacional firmada por más de 280 colectivos sociales del mundo en representación de más de 280 millones de personas en ocasión del 21 de mayo (día global Anti-Chevron), en la que se instaba al gobierno a respetar la sentencia Lago Agrio y a condenar el crimen perpetrado por la petrolera, el ejecutivo ha mostrado irresponsabilidad y negligencia, como se puede constatar claramente en la respuesta de la Directora de Atención Ciudadana Mgs. Irma Marisol Moreta Sanafria.

Como UDAPT, denunciamos abiertamente la posición del gobierno, que demuestra su sumisión a los intereses económicos transnacionales, en abierta colisión con los dictados constitucionales, contra sus ciudadanos y contra su propio sistema judicial. La decisión del ejecutivo de cumplir con el laudo arbitral representa una gravísima amenaza a los derechos humanos de todos los ecuatorianos, y constituye un peligroso precedente que les antepone los derechos económicos de las empresas multinacionales, poniendo en peligro no sólo el fallo de Lago Agrio, sino también las victorias obtenidas, después de años de lucha, por diversas organizaciones indígenas en defensa de sus territorios ancestrales, como el caso Río Blanco, Sinangoe, el reciente caso Waorani Pastaza y otros.

Para la UDAPT, el laudo arbitral es Inconstitucional, es inaplicable, viola la soberanía del Estado, sienta un pésimo precedente para la vigencia y respeto de los Derechos Humanos en todo el mundo frente a la protección del dinero y las inversiones. Es más está basado en farsas y mentiras construidas por la propia petrolera Chevron. Es inaceptable que el Gobierno ecuatoriano de mayor importancia y relevancia a la cadena de mentiras de la petrolera y a unos árbitros que hacen negocio con la justicia que a su propio sistema judicial, indicó Willian Lucitante, Coordinador Ejecutivo de la UDAPT.

Para Pablo Fajardo, abogado de la UDAPT, es claro que el Gobierno del Ecuador está de rodillas ante la petrolera y el sistema ISDS. El Gobierno decidió dar la espalda a las provincias de Orellana y Sucumbíos y aliarse con la petrolera Chevron, sin importar que la gente sigue muriendo por los tóxicos dejados por esta petrolera afirmó Fajardo.

Finalmente, Justino Piaguaje Presidente de la Nacionalidad Siekopai y demándante, afirma que vamos a plantear nuevas acciones de exequátur en otros Estados. Esperamos que el Gobierno de Ecuador, su sumiso procurador, no interfieran en otra jurisdicción y dejen de perseguirnos. Lo que debe hacer el procurador y el Gobierno del Ecuador es declarar inconstitucional e inaplicable el laudo arbitral y no someterse al sistema ISDS. El Gobierno de Ecuador se está convirtiendo en el principal violador de los derechos Humanos de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, sentenció Piaguaje.

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Posted on julio 18, 2019 in Corte Constitucional, noticias, revisión de prensa

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